En la Argentina la libertad de culto está garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia católica que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesiones. Según la Constitución argentina (artículo 2), el Estado Nacional debe sostenerla y según el Código Civil, es jurídicamente asimilable a un ente de derecho público no estatal. Este régimen diferenciado, sin embargo, no implica elevar al catolicismo romano al estatus de religión oficial de la República.[1] La Santa Sede y la Argentina tienen firmado un concordato que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica.
El idioma español es entendido y hablado como primera o segunda lengua por prácticamente la totalidad de la población argentina. El italiano y el quechua tienen más de un millón de hablantes. De todos los países del mundo donde el español o castellano tiene estatus predominante, la Argentina es el de mayor extensión territorial. El idioma español es el único idioma de uso en la administración pública a nivel nacional, sin que ninguna norma legal lo haya declarado como oficial. Sin embargo, la provincia de Corrientes declaró en 2004 la cooficialidad del guaraní para la enseñanza y los actos de gobierno, aunque no se encuentra reglamentada.
El temprano desarrollo de la educación popular colocó a la Argentina junto a las naciones de mayor alfabetización del mundo. El uso del delantal blanco como uniforme escolar, como un paradigma de un ideal de igualdad o unidad, ha caracterizado siempre a la escuela pública, laica y gratuita, cuyo gran impulsor fue Domingo Faustino Sarmiento y se concretó con la Ley Nº 1420 de educación común.
Según la nueva ley de educación, sancionada el 15 de diciembre de 2006, la instrucción es obligatoria entre los 5 y los 18 años. En los años 1990 se implementaron distintos tipos de sistemas educativos como la Educación General Básica y Polimodal en la provincia de Buenos Aires, o la educación secundaria en la Capital Federal; la nueva ley marca el retorno al sistema tradicional de primaria, secundaria y colegios técnicos.
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